u/amogusdevilman

La remigración es la respuesta a décadas de migración de reemplazo y multiculturalismo que han desintegrado nuestras naciones hasta el punto de la disfunción. Se trata de un proceso democrático, legal y a largo plazo (20-30 años) destinado a repatriar a los inmigrantes ilegales y a los inmigrantes legales perjudiciales, y a ejercer presión sobre las sociedades paralelas no asimiladas con el fin de rearmonizar culturalmente la nación. No se trata de un cambio brusco, sino de un proceso continuo.

Breve crónica de cómo la DGT incumple su propia normativa técnica y luego te responde con plantillas de 'Guorperfe' que podrían haber escrito en 1997.

Entre noviembre y diciembre de 2025 recibí dos multas por exceso de velocidad en la A-1. Radares fijos de esos. 100€ cada una, sin puntos. Multas menores, vamos, de esas que la gente paga con el descuento del 50% y cierran partido. Pero como soy gilipollas y me gusta leer la letra pequeña, me puse a revisar las fotos que adjuntaban.

La Orden ICT/155/2020, que regula el control metrológico de los cinemómetros -que es como llaman a los radares cuando quieren sonar campanudos-, establece en su apartado 1.10 algo muy concreto: los radares fijos sin operador deben aportar dos fotogramas del vehículo infractor tomados en diferentes instantes. Uno panorámico, otro de la matrícula. ¿Por qué en diferentes instantes? Porque el vehículo está en movimiento y dos fotos tomadas en momentos distintos muestran al coche en posiciones diferentes. De cajón. Es una salvaguarda técnica que funcionaría en cualquier país europeo con gobernantes al mando que hubieran tenido algún contacto con la decencia y el decoro y no con corsarios, como es el caso de España. En principio, sería la forma de garantizar que no están multando al coche de al lado, a un pájaro que pasaba volando o a un venado con los mismos cuernos que su puta madre.

Pues bien: en mis dos multas, la 'segunda foto' es simplemente un recorte ampliado de la primera. Mismo ángulo, misma posición del vehículo y mismo todo. Es como cuando tu madre o tu abuela intentan enseñarte una foto de la sobrina o de la nieta que acaba de hacer la Primera Comunión y la van agrandando hasta que sólo se ven píxeles en lugar de una niña inocente con un crucifijo entre las manos. En fin, que no son dos fotogramas en instantes diferentes, sino un puto recorte ampliado para el que, seguramente, conociéndolos, habrán usado el Paint.

Eso, por no hablar de que la citada ampliación de imagen carece de los metadatos obligatorios, como fecha, hora, velocidad, identificación del cinemómetro... Un funcionario birmano lo habría hecho mejor. Es decir, mientras que la foto panorámica los tiene todos, la ampliada no tiene ninguno. Nuevo y flagrante incumplimiento de su propia normativa: apartado 1.14 de la misma Orden. Pero qué vas a esperar en un país en el que el presidente del gobierno inició su carrera política con el dinero que su suegro ganaba como proxeneta.

Cansado de tanta incompetencia y matonismo, presento alegaciones contra ambas sanciones con fundamentos técnicos, jurisprudencia de respaldo en las que se anulan multas por esos motivos, argumentación clara...

¡¡Que esto no cumple vuestra propia normativa, señores!! Pero qué más da; las leyes están para que las cumplamos los galeotes, no quienes nos mandan a galeras.

Respuesta de la DGT: DESESTIMADO.
¿El motivo? Una carta que parece generada por un bot de 1998. Dice que el cinemómetro está 'homologado' y 'certificado', que es lo mismo que decir que está pintado después de que haya cagado encima una paloma.

Ni una sola palabra sobre mi argumento técnico. Ni media línea analizando si las fotos cumplen o no la Orden ICT/155/2020. Cero. Nada. Vacío cósmico. Como si mi escrito hubiera entrado en un agujero negro burocrático y hubiera salido un documento de corta y pega por otro lado. Bueno, no es 'como si', es que ha sido así.

Vale, pienso. Tranquilo. Es la primera instancia. Para eso existe el recurso de reposición. Lo presento para ambas. Insisto: no son dos fotogramas diferentes, la segunda foto carece de metadatos obligatorios, hay jurisprudencia consolidada. Más desarrollado, más técnico, más fundamentado.

Respuesta: DESESTIMADO.
Misma plantilla. Mismo copia-pega. Misma sensación de estar hablando con una pared que, además, te pone una pistola en la cabeza para que pagues y ella, la pared, se lo pueda gastar en putas, coca y marisco.

Llegados a este punto, el siguiente paso sería la vía contencioso-administrativa, con un coste estimado de entre 600 y 1.200 euros en abogado y procurador. Para recuperar 200 euros. Genial. Es como jugar a la lotería, pero al revés: pagas más de lo que puedes ganar y encima es casi seguro que palmas. Por lo mismo de antes, porque ellos tienen pistolas y tú tienes sólo la razón.

Y aquí está el truco y no sólo cuando te enfrentas a la DGT. El sistema administrativo español no está hecho para que el ciudadano pueda ejercer su derecho de defensa de forma efectiva. Está configurado para que desistas por abatimiento, aburrimiento y porque el Leviatán es de tal magnitud y es tan impune que no existe forma humana de derrotarlo.

Burocracia kafkiana, resoluciones-plantilla que no analizan nada, sistema de multas diseñado para que te rindas y, sobre todo, muros comunicativos imposibles de salvar. Si tienes razón técnica y jurídica pero la multa es pequeña, el Estado cuenta con que pagarás y cerrarás la boca. Al final, recurrir cuesta más tiempo, dinero, salud mental y ganas de vivir que aceptar el empalamiento.

Ah, y por cierto: he intentado pagar online. Porque soy moderno y me gusta la tecnología. La web de la DGT es otra telaraña diseñada con esmero para que pierdas la paciencia a pocos minutos de acceder: enlaces que no funcionan, interfaces diseñadas para que, otra vez, desistas, certificados digitales que piden, pero que luego no aceptan, sistemas Cl@ve que necesitan más pasos, registros, idas y venidas que una notaría de provincias del siglo XIX...

Al final, me queda llamar al 060 -arcaico y fiable- o plantarme en la Jefatura Provincial. Este último no será mi caso porque, si acabo detenido por este sistema socialista criminal, que sea por algo de mayor enjundia y no por un par de multas.

Por cierto, también he sentido la tentación de ir a Jefatura a pagar en monedas de 10 céntimos. 2.000 monedas. Unos 8 kilos de metal. Como protesta. Porque, legalmente, el inframundo de la burocracia estatal está obligado a aceptar cualquier cantidad de moneda de curso legal. Pero, nuevamente, te acortan los plazos para que cumplas con sus requerimientos mafiosos que es materialmente imposible realizar el proceso. Porque para ir a verlos, cómo no, tienes que pedir cita previa. En su web...

Pagaré. No porque acepte que esta partida de corsarios tenga razón, sino porque 200€ es menos que 1.200€ en abogados. Y porque hay batallas de las que, cuando el sistema está planificado para que pierdas por agotamiento, es mejor retirarse.

Pero queda documentado aquí, para quien quiera leerlo: la DGT incumple su propia normativa técnica, resuelve recursos sin analizarlos y el sistema administrativo español está pensado, plasmado y perfeccionado para disuadir e imponer su voluntad, no para hacer justicia.

Que no se nos olvide.

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