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La tercera sesión del juicio que se sigue en el Tribunal Supremo por el 'caso de las mascarillas', con José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama sentados en el banquillo de los acusados, se centró en los pagos en metálico del PSOE. Esta es una causa abierta en la Audiencia Nacional, pero las declaraciones de las empresarias Carmen Pano y su hija, además de la del chófer de la primera, trajeron a primer plano un asunto que disgusta especialmente a los socialistas por la sombra de sospecha que alarga sobre la financiación del partido.

Este es el motivo por el que la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, ha denunciado hoy que reclamaron en noviembre al PSOE, desde la 'comisión Koldo', las facturas que acreditaran los pagos en metálico a Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, petición a la que Ferraz se ha negado. Argumenta -en un escrito al que ha tenido acceso El Independiente- que dicha documentación sobre la contabilidad del partido es "confidencial y constan datos de carácter personal". De modo que "únicamente puede ser entregada a las autoridades judiciales en el marco de una investigación judicial".

La Fiscalía ha recurrido al Tribunal Constitucional para tratar de anular la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, después de que "él o una persona de su entorno inmediato" filtrasen el correo en el que el abogado del empresario Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso— reconocía que "ciertamente" su cliente había cometido dos delitos de fraude fiscal.

El Gobierno ha elevado más de un 42% la base mínima de cotización de los autónomos societarios y los familiares colaboradores con efectos desde el 1 de enero de 2026, una decisión que puede aumentar en unos 135 euros al mes las cuotas a pagar a la Seguridad Social de miles de contribuyentes. Mientras el resto de los autónomos han visto congeladas sus cuotas, la cuantía mínima para calcular las aportaciones de estos dos colectivos ascenderá desde los 1.000 euros actuales hasta 1.424,4 este año.

Este cambio dejará un impacto directo en más de 169.000 familiares y 350.000 autónomos societarios, según los cálculos de UPTA, que insta al Gobierno a tramitar un Real Decreto-ley para garantizar la congelación de cuotas también en estos dos casos. Pese a que los afectados por la medida podrán continuar cotizando provisionalmente por la base de 1.000 euros mensuales en 2026, los que no hayan realizado voluntariamente el incremento se verán obligados a abonar la diferencia con las cuotas correspondientes a la nueva base cuando se de el proceso de regularización, que el Ejecutivo prevé para finales de 2027 o inicios de 2028.

Por lo tanto, los autónomos societarios y familiares colaboradores que se hayan acogido hasta ahora a la base mínima pagarán unos 135 euros más que la cuota mensual que actualmente pagan (unos 1.620 euros más al año), que ronda los 315 euros mensuales. Quienes ya cotizan por bases superiores a los 1.000 euros afrontarán incrementos menores, de aproximadamente 70 euros mensuales si su base era de 1.212 euros, unos 840 euros más al año.

UGT y CCOO, los dos sindicatos mayoritarios a nivel estatal, han presentado este martes un documento con cuatro bloques de propuestas unitarias en el que destaca, por su novedad, el planteamiento de establecer una ley para el diálogo social y la negociación colectiva. La Constitución Española reconoce el papel de los agentes sociales (sindicatos y asociaciones empresariales), pero ninguna norma a nivel estatal desarrolla todavía su labor ni blinda su financiación, lo que expone a las organizaciones a las sensibilidades de cada gobierno.

El debate sobre la necesidad de institucionalizar el diálogo social y la negociación colectiva es histórico en el seno de los sindicatos, pero en pocas ocasiones se ha materializado con tanta claridad. En el documento elaborado conjuntamente por UGT y CCOO se definen los contenidos básicos que piden para la nueva ley, la cual incorporaría desde criterios de participación para el desarrollo de las políticas públicas a la provisión de una financiación estable anual.

En este sentido, los sindicatos proponen que la nueva ley fije una compensación anual en concepto de indemnización por la participación de los agentes sociales en el diálogo social y en la negociación colectiva. Esta compensación sustituiría a las actuales subvenciones que aprueban los gobiernos autonómicos y el estatal y estaría incluida en los presupuestos de cada año. Cada organización más representativa propondría las cantidades al ministerio competente y se abonarían con periodicidad trimestral.

El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, llega al cargo con una larga trayectoria en la administración, donde ha sido conseller de Obras Públicas y de Hacienda en la Generalitat Valenciana con Ximo Puig, y luego secretario de Estado de Política Territorial. Y precisamente en esta trayectoria ha tropezado con un nombre que hoy es actualidad en el PSOE y no precisamente para bien. En la recta final de su etapa al frente de la Conselleria de Obras Públicas, cargo que ostentó entre 2019 y 2022, Arcadi España adjudicó un contrato de más de 5,2 millones de euros a una empresa del valenciano José Ruz que ahora aparece vinculada a la trama que rodea al exministro José Luis Ábalos.