TL;DR: Soy abogada de cumplimiento y revisé programas de gobierno, trayectorias públicas y propuestas de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella en anticorrupción, salud, economía y seguridad.
Esto no pretende ser neutral en el sentido de “no tener criterio”: es una lectura desde riesgo institucional, coherencia política y capacidad de ejecución.
Conclusión incómoda: ninguno llega limpio.
Panorama electoral a un mes de la primera vuelta
Según las encuestas recientes disponibles de Guarumo e Invamer, los tres candidatos con opciones reales serían Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.
Cepeda aparece de primero en ambas mediciones. De la Espriella y Valencia compiten por el segundo lugar, con diferencias estrechas según la encuesta que se mire.
En segunda vuelta, el escenario no es concluyente: algunas mediciones favorecen a Valencia frente a Cepeda, mientras otras muestran a Cepeda con ventaja estrecha. En todo caso, la elección está abierta.
1. Anticorrupción y transparencia
Iván Cepeda
Cepeda propone un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción, con énfasis en fortalecimiento de la UIAF, capacidades investigativas especializadas en Fiscalía, fondo de reparación para víctimas de corrupción, presencia territorial y participación ciudadana.
Su enfoque tiene una virtud conceptual: entiende la corrupción no solo como suma de delitos individuales, sino como fenómeno organizado, territorial y sistémico.
El problema es otro: la propuesta depende de una capacidad estatal que el gobierno Petro no ha demostrado tener. Cepeda carga con el pasivo de continuidad de un gobierno que ha enfrentado escándalos graves de corrupción, especialmente en contratación pública y manejo de recursos estatales. Su programa reconoce el caso de la UNGRD, pero no desarrolla suficientemente cómo evitaría que una política anticorrupción ambiciosa termine capturada por las mismas redes burocráticas que pretende combatir.
Riesgo principal: buen diagnóstico macro, baja claridad operativa y carga de continuidad con un gobierno cuestionado por ejecución y control interno.
Paloma Valencia
Valencia propone un enfoque más preventivo y tecnológico: blockchain en contratación pública, inteligencia artificial para detección de riesgos, reforma a la financiación política, figuras internas de integridad en entidades públicas y canales directos de denuncia.
Tiene una ventaja frente a Cepeda: sus propuestas están formuladas en lógica de gestión pública, con medidas concretas y mecanismos de seguimiento. El problema es que varias parecen más herramientas que arquitectura institucional. La tecnología no reemplaza controles reales, independencia de órganos de vigilancia ni sanción efectiva.
Su mayor pasivo no es técnico, sino político: Valencia es una figura central del Centro Democrático y ha mantenido una defensa pública de Álvaro Uribe. Eso importa porque el uribismo carga con pasivos institucionales graves, incluyendo parapolítica, investigaciones a dirigentes de su entorno y el fenómeno de ejecuciones extrajudiciales conocido como falsos positivos.
La JEP actualizó la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales a 7.837 para el periodo 1990-2016. Una parte sustancial del fenómeno se concentró en los años 2002-2008, durante los gobiernos de Álvaro Uribe. Esto no permite trasladar responsabilidad penal individual a Valencia, pero sí genera un pasivo político serio cuando su candidatura se presenta como continuidad de ese proyecto y cuando ha planteado incorporar a Uribe en un eventual gobierno.
Riesgo principal: herramientas de gestión interesantes, pero sin ruptura clara con estructuras políticas que tienen pasivos graves de derechos humanos y captura institucional.
Abelardo de la Espriella
De la Espriella plantea una política anticorrupción de choque: bloque de búsqueda contra la corrupción, liderazgo presidencial directo y extinción de dominio rápida.
El problema es que su propuesta concentra demasiado poder en Presidencia. Una política anticorrupción dirigida personalmente por el presidente puede sonar eficaz, pero también puede convertirse en herramienta de persecución selectiva si no tiene controles independientes.
Su pasivo reputacional es el más fuerte de los tres. Ha representado a personas condenadas o investigadas en casos de alto impacto, incluyendo parapolítica, DMG y Alex Saab. También ha estado asociado a controversias por su relación con sectores de exparamilitares desmovilizados.
Nada de esto equivale automáticamente a responsabilidad penal suya —un abogado puede defender clientes impopulares—, pero sí afecta la coherencia política de un candidato que centra su discurso en orden, legalidad y anticorrupción.
Riesgo principal: discurso de autoridad y ruptura, pero con alto riesgo de concentración de poder, politización de la persecución penal y pasivos reputacionales severos.
2. Salud: el problema más crítico
El sistema de salud colombiano no está colapsando solo por falta de recursos. Hay un problema estructural de flujo, trazabilidad, auditoría, integración vertical, captura de rentas y posible desvío de recursos.
La discusión sobre la UPC es relevante. Puede ser insuficiente en algunos escenarios. Pero no explica por sí sola el deterioro del sistema, especialmente cuando los recursos han aumentado y las deudas siguen creciendo.
El punto de fondo es este: si el dinero público entra al sistema, pero no llega oportunamente al paciente ni al prestador, el problema no es únicamente presupuestal. Es de arquitectura institucional.
Iván Cepeda
Cepeda propone continuar la transformación del modelo iniciada por el gobierno Petro: EPS convertidas en gestoras, eliminación de la intermediación financiera, fortalecimiento del giro directo de ADRES a prestadores, compras centralizadas de medicamentos y una comisión de la verdad sobre el sistema de salud.
Esta es la propuesta que más toca la arquitectura del flujo de recursos. La idea de que las EPS no manejen directamente la plata responde a un problema real: si el actor que organiza la red también controla el flujo financiero, el riesgo de integración vertical, retención de recursos y direccionamiento de pagos es enorme.
Pero la propuesta tiene un problema serio: la experiencia reciente de intervención estatal no ha demostrado mayor capacidad, transparencia ni eficiencia. Las EPS intervenidas durante el gobierno Petro han acumulado cuestionamientos por contratación, rotación de interventores, deterioro en atención y presunto uso burocrático de entidades en crisis.
Eso debilita la propuesta de Cepeda. No basta con decir “quitemos la plata de las EPS”. La pregunta difícil es: ¿quién controla al Estado cuando el Estado empieza a manejar directamente el flujo?
Riesgo principal: propuesta estructuralmente relevante, pero con alto riesgo de captura estatal y sin una ruta operativa clara de transición.
Paloma Valencia
Valencia propone un plan de choque: resolver 10 millones de atenciones represadas en medicamentos, citas y procedimientos en los primeros 100 días, inyectar recursos al sistema, hacer compras centralizadas transitorias, pagar deuda estatal a prestadores, ajustar la UPC para 2027 y fortalecer telemedicina rural con “hospitales padrinos”.
Su plan tiene una virtud: entiende la crisis como una emergencia operativa. Habla de tiempos, montos, coordinación y metas. Eso es importante porque el sistema necesita medidas inmediatas.
Pero tiene una debilidad de fondo: no modifica suficientemente la arquitectura del flujo de dinero. Si se inyectan billones al sistema sin cambiar los incentivos, controles y trazabilidad, existe el riesgo de alimentar el mismo circuito que produjo la crisis.
Auditar la Nueva EPS es necesario, pero insuficiente. El problema no está solo en una EPS. Está en el diseño completo del flujo entre ADRES, EPS, IPS, gestores farmacéuticos, operadores logísticos y redes políticas.
La propuesta de Valencia en salud tiene músculo operativo, pero no bisturí estructural. Atiende la fiebre —medicamentos, citas, deuda—, pero no demuestra cómo va a cerrar la hemorragia: el flujo de recursos capturado por intermediarios, integración vertical real o encubierta, auditorías débiles y pagos opacos.
El riesgo de “volver al sistema de antes” no es ideológico. Es práctico. Ese sistema permitió durante años deudas crecientes, pacientes sin medicamentos, prestadores asfixiados y recursos públicos sin trazabilidad suficiente. Si no se rediseña quién maneja la plata, cómo se audita y cómo se sanciona el desvío, la propuesta puede terminar estabilizando el sistema para que siga funcionando igual: con mejor presentación, pero con las mismas fugas.
Riesgo principal: buena lógica de emergencia y gestión, pero riesgo de estabilizar temporalmente el sistema sin corregir las causas estructurales.
Abelardo de la Espriella
De la Espriella plantea un salvamento rápido del sistema, recalcular la UPC, mantener las EPS que funcionen y reversar las medidas del gobierno Petro.
La propuesta tiene un punto atendible: no todas las EPS tienen el mismo desempeño, y destruir toda capacidad instalada puede generar más caos. Sin embargo, su planteamiento es el menos desarrollado de los tres.
El problema es que regresar al modelo anterior sin rediseñar controles, flujo de recursos y trazabilidad equivale a suponer que la crisis se debe casi exclusivamente al gobierno Petro. Esa lectura es incompleta. La crisis actual se agravó con el gobierno Petro, sí, pero viene de décadas de incentivos perversos, integración vertical, deudas acumuladas, auditorías débiles y captura de recursos.
Riesgo principal: diagnóstico excesivamente simplificado y baja precisión técnica para una crisis que requiere rediseño institucional, no solo reversar decretos.
3. Lo que realmente debería discutirse en salud
Ninguno de los tres desarrolla de manera completa una arquitectura seria de trazabilidad y control del dinero público en salud.
Una reforma razonable debería incluir, como mínimo:
- ADRES fortalecida como entidad financiera y de control, con capacidades tecnológicas comparables a las de una entidad bancaria.
- Giro directo progresivo a prestadores, empezando por medicamentos de alto costo y servicios críticos.
- EPS sin manejo directo del flujo de caja, pero con rol en coordinación de red y gestión de riesgo en salud.
- Auditoría transaccional en tiempo real, no auditoría posterior cuando la plata ya desapareció.
- Control estricto de integración vertical real y encubierta.
- Régimen sancionatorio fuerte para EPS, IPS, gestores farmacéuticos y operadores logísticos.
- Transición gradual, para evitar que una reforma bien intencionada destruya la operación diaria del sistema.
4. Economía
Iván Cepeda
Cepeda representa continuidad del modelo económico del gobierno Petro: más gasto público, redistribución, fortalecimiento estatal y protección laboral.
El problema no es que ese enfoque sea ilegítimo. El problema es que su programa no desarrolla con suficiente rigor la sostenibilidad fiscal de sus propuestas. Un programa extenso sin capítulo económico robusto, sin ruta clara frente a regla fiscal, deuda pública, inversión privada y crecimiento es una debilidad grave.
Riesgo principal: ambición social sin suficiente ingeniería fiscal.
Paloma Valencia
Valencia plantea crecimiento del PIB, reducción de impuestos empresariales, eliminación del impuesto al patrimonio, reactivación de hidrocarburos, refinanciación de deuda y reducción del déficit.
Su propuesta es más clara en términos de reactivación económica. Pero tiene una tensión evidente: promete reducir impuestos y, al mismo tiempo, aumentar gasto en salud, defensa, vivienda e infraestructura. Eso solo cuadra con crecimiento alto, recorte fuerte de gasto o endeudamiento adicional.
El programa de Valencia se ve más serio porque tiene metas cuantificables. Pero no todas las metas medibles son metas viables. Algunas dependen de supuestos muy optimistas: crecimiento económico sostenido, petróleo recuperado, inversión privada reaccionando rápido, refinanciación favorable de deuda, reducción efectiva de gasto y aprobación legislativa.
También hay un problema de diagnóstico social. Colombia no es una economía formalizada y plana. Es un país con informalidad alta, salarios bajos, brechas territoriales profundas y concentración de riqueza. En ese contexto, bajar impuestos empresariales no garantiza por sí solo formalización, mejores salarios ni redistribución.
Su lógica de fondo parece ser: menos impuestos, más inversión, más seguridad y más crecimiento. Esa fórmula puede mejorar ciertos indicadores macroeconómicos, pero no necesariamente corrige concentración de riqueza ni captura regional del Estado.
Riesgo principal: programa económicamente más estructurado, pero con cuentas difíciles de cerrar y una visión limitada frente a desigualdad estructural.
Abelardo de la Espriella
De la Espriella plantea una reducción agresiva del Estado, eliminación de entidades, recorte de contratistas, desregulación y búsqueda de superávit fiscal.
La propuesta puede atraer a quienes ven al Estado como una fuente de corrupción e ineficiencia. Pero su viabilidad es cuestionable en un país con alta informalidad, brechas territoriales profundas, dependencia de gasto social y debilidad institucional.
Reducir el Estado puede sonar eficiente en abstracto. Pero en Colombia el problema no es solo que el Estado sea grande o pequeño. Es que muchas veces es débil, capturado o ausente. Recortar sin reconstruir capacidad institucional puede terminar dejando más espacio a poderes privados, clientelas regionales o economías criminales.
Riesgo principal: shock fiscal atractivo en discurso, pero con alto riesgo de choque social, litigiosidad y deterioro de servicios públicos si se implementa sin transición.
5. Seguridad
Iván Cepeda
Cepeda mantiene un enfoque de paz total, diálogo, seguridad humana y salidas negociadas.
El riesgo es evidente: ese enfoque depende de que los grupos armados tengan incentivos reales para negociar. La experiencia reciente muestra que varios grupos han usado diálogos y ceses al fuego para fortalecerse territorialmente.
Riesgo principal: enfoque dialoguista con bajo poder disuasivo si no se acompaña de capacidad coercitiva seria.
Paloma Valencia
Valencia propone aumento de pie de fuerza, fortalecimiento militar y policial, sustitución forzosa de cultivos, herramientas tecnológicas y recuperación territorial.
Su propuesta tiene mayor claridad operativa que la de Cepeda. El riesgo es que una política de seguridad centrada en fuerza pública, si no se acompaña de justicia, presencia estatal y control territorial sostenido, puede repetir ciclos anteriores de recuperación temporal sin consolidación institucional.
Meter más uniformados puede mejorar presencia, pero no resuelve por sí solo extorsión, justicia local, cárceles, inteligencia financiera ni control territorial. Sin Fiscalía, jueces, control de rentas criminales y presencia civil del Estado, es más músculo, no necesariamente más Estado.
Riesgo principal: mayor capacidad coercitiva, pero riesgo de solución militar incompleta.
Abelardo de la Espriella
De la Espriella propone mano dura, erradicación agresiva de cultivos ilícitos, legalización del porte de armas y medidas excepcionales inspiradas en modelos como el salvadoreño.
El problema no es solo de derechos humanos. También es de diseño institucional. Las medidas excepcionales pueden ser populares al inicio, pero suelen ampliar discrecionalidad estatal, reducir controles judiciales y aumentar riesgos de arbitrariedad.
Riesgo principal: promesa de orden rápido con alto costo institucional y constitucional.
6. Formato de los programas
El formato también dice mucho.
Cepeda tiene un programa muy extenso, de más de 400 páginas, con amplitud ideológica y programática, pero poca síntesis ejecutiva y pocas metas cuantificables.
Valencia tiene un documento mucho más breve y ordenado, estructurado como una especie de tablero de gobierno, con metas, bullets y lenguaje de gestión.
De la Espriella tiene el documento más corto y general: más declaración política que programa técnico.
Esto no define quién tiene razón, pero sí muestra estilos de gobierno: Cepeda comunica visión ideológica amplia; Valencia comunica gerencia; De la Espriella comunica ruptura y autoridad, con baja elaboración técnica.
7. Un matiz sobre Valencia: tener metas no significa tener viabilidad
Valencia tiene, de lejos, el programa más ordenado en términos de metas cuantificables. Eso le da apariencia de gerencia: 10 millones de atenciones represadas en 100 días, recursos adicionales para estabilizar salud, más pie de fuerza, más gasto en defensa, reducción del déficit, producción de 1 millón de barriles diarios de petróleo, impulso a vivienda y formación masiva de jóvenes en habilidades digitales.
El problema es que varias de esas metas dependen de supuestos muy optimistas.
En salud, su plan de choque puede servir para ordenar la emergencia, pero no cambia el problema estructural: el flujo de recursos. Inyectar recursos en un sistema con auditorías débiles, integración vertical, pagos opacos y actores que ya han aprendido a capturar rentas puede terminar financiando el mismo circuito que produjo la crisis.
Dicho simple: si el tubo está roto, meterle más agua no arregla la fuga.
En economía pasa algo parecido. Valencia promete bajar impuestos, reducir déficit, aumentar gasto en defensa y salud, reactivar vivienda y crecer más. Eso solo cuadra con un escenario de crecimiento muy optimista, petróleo recuperado, refinanciación favorable y recortes de gasto políticamente difíciles.
En un país donde una parte enorme de la población trabaja en la informalidad, bajar impuestos empresariales no garantiza por sí solo formalización, mejores salarios ni redistribución.
Mi lectura: Valencia sí tiene mayor capacidad de convertir propuestas en tablero de gobierno. Pero su programa no demuestra suficientemente cómo va a enfrentar las estructuras que concentran riqueza, capturan recursos públicos y reproducen desigualdad.
Su riesgo no es la improvisación.
Su riesgo es administrar mejor un modelo que ya probó tener fugas enormes.
Conclusión
Los tres candidatos tienen pasivos relevantes.
Cepeda ofrece la propuesta más estructural en salud y corrupción, pero carga con la continuidad de un gobierno que ha mostrado graves problemas de ejecución, control y administración del Estado.
Valencia ofrece mayor claridad operativa y de gestión, pero no rompe de forma suficiente con estructuras políticas, económicas y sectoriales que también hacen parte del problema.
De la Espriella ofrece ruptura, autoridad y reducción del Estado, pero con el programa menos desarrollado y el mayor riesgo de concentración de poder.
La pregunta no es cuál candidato está limpio. Ninguno lo está.
La pregunta es qué riesgo le parece más tolerable al votante:
- continuidad transformadora con baja capacidad de ejecución demostrada;
- estabilización técnica sin ruptura estructural clara;
- o ruptura radical con alto riesgo institucional.
Disclaimer: esto no es una invitación a votar por nadie. Es una lectura de riesgo político-institucional desde cumplimiento, salud pública y gobernanza. Si tienen fuentes mejores o datos que contradigan algo, pásenlas y edito. La idea es discutir con evidencia, no con camiseta.