Desde Washington llegó un mensaje sin ambigüedades: el margen de tolerancia se agotó. El señalamiento contra Rubén Rocha Moya no fue un episodio aislado, sino el indicio de una estrategia más amplia. En ese nuevo escenario, Baja California dejó de ser un punto secundario para colocarse en el radar, con Marina del Pilar Ávila Olmeda en el centro de atención.
La mandataria enfrenta este momento con un factor que en la relación bilateral tiene un peso significativo: la revocación de su visa estadounidense en 2025, medida que también alcanzó a su entonces pareja, Carlos Torres Torres. Más que un trámite administrativo, este tipo de decisiones suele interpretarse como una señal de alerta basada en información que no se hace pública.
Alrededor de este contexto comienza a perfilarse una red política y operativa compleja. Por un lado, el llamado Grupo Marina-Torres, integrado por cercanos, funcionarios y operadores con influencia directa en el gobierno estatal. En ese círculo, Torres aparece señalado por presuntas gestiones y vínculos construidos desde posiciones de poder. Por otro, el denominado Grupo Ensenada-Jalisco reúne a actores económicos y políticos relacionados con sectores estratégicos, con menciones a investigaciones en coordinación entre la Fiscalía General de la República y autoridades de Estados Unidos.
Ambos bloques no actúan de manera aislada; se intersectan en decisiones públicas, asignación de contratos y control político.
Fuente:
El legado..