En una visita a Bolivia, el exministro de Educación del Perú y actual director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Jaime Saavedra, planteó al Ministerio de Educación cuatro ejes para la transformación del sistema educativo, que atraviesa la "peor crisis educativa de su historia" en la región.

De acuerdo con un boletín institucional, durante su estadía en la sede de gobierno, primero realizó un recorrido por las instalaciones de la emblemática unidad educativa paceña Agustín Aspiazu, ubicada en la zona de Sopocachi.

En ese establecimiento, escuchó diferentes criterios y testimonios del cuerpo docente, que reflexionó sobre las problemáticas actuales recurrentes como los bajos niveles de comprensión lectora y escritura, la ausencia de libros de texto y programas actualizados, la distorsión de las funciones y competencias de las juntas escolares y el empoderamiento de los padres de familia, que puede derivar en el debilitamiento progresivo de la autoridad de directores y profesores.

Tras visitar a los estudiantes, Saavedra se reunió con la ministra de Educación, Beatriz García, representantes de instituciones y especialistas técnicos del sector, entre otros, para conversar sobre la profunda crisis de aprendizajes que enfrenta la región y los desafíos urgentes para su transformación.

Ante esta situación, planteó cuatro ejes para la transformación de la educación: el fortalecimiento docente, el foco en el aprendizaje, la mejora de la gestión educativa y el uso intensivo de datos e incentivos.

“¡Yo soy Hanalí!” fue una de las frases que retumbó en las voces de ciudadanos, especialmente mujeres, tras el cruel asesinato de la periodista Hanalí Huaycho, ocurrido el 11 de febrero de 2013, un lunes de Carnaval, a manos de su esposo policía y frente a su hijo de cinco años. Este crimen sacudió a la sociedad boliviana y, casi un mes después del hecho, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348), una norma que se construyó durante años de lucha y trabajo de mujeres y organizaciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Bolivia.

Hoy, tras 13 años de su promulgación, la Ley 348 se ha convertido en el principal blanco de una maquinaria digital que, con la difusión de contenidos y mensajes de desinformación, busca su anulación. Esta ofensiva sin tregua se desarrolla en redes sociales y detrás de ella están grupos alineados con posturas conservadoras. La arremetida contra esta norma no se limita al espacio virtual; también se materializa en la organización de marchas, la recolección de firmas y la presentación de proyectos de ley. Especialistas y activistas alertan que, en caso de eliminar esta ley, se produciría un grave retroceso en la protección de los derechos de las mujeres en el país.

Una investigación, elaborada por este equipo periodístico, identificó y analizó 40 cuentas en TikTok y Facebook utilizadas activamente para difundir contenidos y mensajes basados en desinformación, con el objetivo de promover de manera sistemática la anulación o la abrogación de la Ley 348. Para este trabajo, se realizó un seguimiento de las cuentas identificadas durante los últimos seis meses.

Comunarios de la comunidad Chui Chui, en Cotagaita, Potosí, denunciaron un presunto caso de minería ilegal atribuido al exsenador Hilarión Mamani.

La denuncia fue presentada en el edificio de la Asamblea Legislativa, en la ciudad de La Paz, con la participación del diputado Édgar Zegarra.

Un representante comunario afirmó que un grupo de personas ingresó al territorio sin autorización para explotar un yacimiento minero, vulnerando derechos de la comunidad.

Minería ilegal

“Se han entrado a nuestro territorio a explotar un yacimiento minero de manera ilegal, sin autorización de la comunidad ni de ninguna instancia”, declaró.

Según el testimonio, las actividades extractivas se habrían desarrollado durante cuatro años, periodo en el cual los comunarios aseguran haber sufrido abusos y atropellos constantes.