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>La Agencia Internacional de la Energía habla ya de que "el mundo ha entrado en la Era de la Electricidad”. Es decir, el petróleo, aunque continúa siendo hegemónico, pierde peso. En Europa, Japón y Corea ya hay menor demanda

El petróleo y sus derivados continúan liderando el uso de combustibles energéticos, pero algo está cambiando. Aunque su lento declive es un proceso que viene de lejos ante el avance de las energías renovables y de la mayor eficiencia en términos de intensidad de consumo, la guerra en Oriente Medio está acelerando el uso de alternativas más fiables, baratas y sostenibles desde el punto de vista climático. Sucede justamente lo contrario en el caso de la electricidad, su principal alternativa, cuya demanda crece a un ritmo que duplica con creces el de la demanda de energía. Esto reafirma, dice la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en un informe publicado este lunes, "que el mundo ha entrado en la Era de la Electricidad".

Los datos los acaba de publicar la propia agencia y revelan que el año pasado, incluso antes de la guerra en Oriente Medio, la demanda de petróleo apenas creció en 0,65 millones de barriles diarios en el conjunto del planeta, lo que supone el menor avance en décadas. El incremento de 2025, sostienen los autores del informe, "se quedó muy por debajo del aumento anual promedio de 1,4 mb/d registrado entre 2010 y 2019, lo que evidencia una desaceleración estructural en los mercados petroleros". Es decir, no se trata de un fenómeno coyuntural vinculado a la desaceleración de la actividad económica o al incremento de las tensiones geopolíticas, sino que es una tendencia sostenida en el tiempo.

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La guerra en Oriente Medio no ha hecho más que acelerar esa tendencia. Según la AIE, la demanda caerá en 1,5 millones de barriles diarios en el segundo trimestre de este año, lo que supone el mayor descenso desde la pandemia. La OPEP, el grupo de productores de petróleo, es más prudente y estima una caída más moderada de 500.000 barriles al día. En todo caso, ya hay señales claras de que para muchos países la guerra en Irán ha servido como un doloroso recordatorio de que, mientras sus economías dependan de los combustibles fósiles, estarán expuestos a incertidumbres que escapan a su control. Y todos miran a China, claro dominador en el mercado de las energías renovables gracias a sus dos ventajas estratégicas: la tecnología y su hegemonía en las tierras raras.

El diario Politico ha revelado que no solo países occidentales buscan colaborar con Pekín, sino también los responsables de energía de otras regiones. Una delegación empresarial india visitó recientemente China para explorar colaboraciones en materia de energías renovables; el príncipe heredero emiratí Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan habló la semana pasada sobre la posibilidad de estrechar los lazos energéticos con Pekín; y Cuba ha recurrido a los paneles solares chinos en medio de un bloqueo petrolero efectivo impuesto por Washington.

Y es que ese espacio que deja el petróleo lo están cubriendo las energías renovables. Lo demuestra el hecho de que del crecimiento global de la demanda energética (un 1,3%), nada menos que la cuarta parte fue cubierta por la energía solar fotovoltaica, mientras que el gas natural aportó el 17%. La AIE destaca en su análisis que en 2025, por primera vez, una fuente renovable moderna representó la mayor parte del crecimiento de la demanda energética mundial. El resultado ha sido que las fuentes de bajas emisiones combinadas (solar, eólica, nuclear, hidroeléctrica y otras energías renovables) contribuyen ya con casi el 60% del crecimiento de la demanda mundial. Nunca antes se había producido un fenómeno similar desde que el planeta se echó en brazos de los combustibles fósiles para producir bienes y manufacturas.

Industria y demanda

Es más, en algunas regiones del planeta la demanda de petróleo está ya decreciendo. Es el caso de la Unión Europea, Japón y Corea, tres territorios altamente industrializados. Por el contrario, el uso del petróleo continúa creciendo en China (aunque a un menor ritmo) y EEUU, mientras que en la India, un país de alta demanda por razones industriales y demográficas, la demanda se ha desacelerado de forma significativa, al igual que en el sudeste asiático. Es en África, aunque a partir de niveles muy reducidos, donde más está creciendo el uso del petróleo y sus derivados.

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El caso de EEUU es singular porque al mismo tiempo que crece la demanda de petróleo o carbón, y la Administración Trump está prolongando todas las concesiones, también lo hace la de electricidad. Esto se explica por el fuerte aumento de la demanda eléctrica que provocan los centros de datos. El resultado es que el consumo de petróleo en EEUU creció el año pasado en 170.000 barriles diarios, un 0,9% más, mientras que, por el contrario, la demanda en la Unión Europea, Japón y Corea disminuyó en un total de 270.000 barriles diarios. El consumo total de petróleo en las economías avanzadas en 2025 se situó en 1,7 millones de barriles diarios, por debajo de su nivel de 2019.

Los aranceles impuestos por la Administración de EEUU, igualmente, han colaborado en la destrucción de demanda petrolífera. Principalmente, en las materias primas que se usan para la producción de plásticos. En concreto, la nafta, el gas licuado de petróleo (GLP) y el etano debido a que las incertidumbres comerciales provocaron interrupciones en el suministro. En concreto, el aumento anual del 1,2% fue muy inferior al 2,6% registrado en 2024, cuando las materias primas representaron la mayor parte del aumento general en el consumo de petróleo. Este menor crecimiento de la demanda es lo que ha llevado a una moderación de los precios.

Los pobres de la guerra

Los ataques de EEUU e Israel contra Irán, sin embargo, han dado la vuelta a ese escenario y pese a la caída de la demanda provocada por el cierre del estrecho de Ormuz los precios se mueven en torno a los 100 dólares por barril desde hace semanas. Entre otras razones, porque una región clave para la demanda de petróleo, el sudeste asiático, está teniendo problemas de aprovisionamiento. El PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) ha estimado que la escalada militar en Oriente Medio podría costar a la región de Asia-Pacífico entre 97.000 millones y 299.000 millones de dólares, lo que equivale entre el 0,3% y el 0,8% del PIB de la región.

El informe, es más, estima que alrededor de ocho millones de personas corren el riesgo de caer en la pobreza por la caída de la actividad. Menos actividad, por lo tanto, afecta tanto a los precios como a la evolución de la demanda, lo que explica la situación actual. La AIE ha calculado que el año pasado la oferta de crudo aumentó en tres millones de barriles diarios, toda vez que la producción de la OPEP más sus países aliados se reactivó tras los recortes por parte de países no pertenecientes al cartel, especialmente en América, donde la posición de EEUU es determinante.

Entre las causas del frenazo en la demanda de petróleo se encuentra el menor consumo del transporte, que históricamente ha tirado de la producción. Los combustibles para el transporte, según la Agencia Internacional de la Energía, dominaron el aumento del consumo entre 2009 y 2021, hasta el punto que llegaron a duplicarse con creces durante este periodo. Sin embargo, desde entonces, la demanda de combustible para el transporte se ha estancado, siendo el combustible para aviones el único sector con un crecimiento significativo.

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>La falta de focalización en los hogares con menos recursos provoca que las familias pudientes se beneficien más del coste público en términos absolutos. En términos relativos respecto a la renta, las ayudas son progresivas

El Gobierno ha aprobado medidas con un impacto fiscal aproximado de 5.300 millones de euros para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, de los cuales 2.728 millones (2.378 con impacto fiscal) corresponden a bajadas de impuestos no focalizadas, según calcula la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Se trata de reducciones de gravámenes generalizados para toda la población, independientemente de su renta, que estarán en vigor mayoritariamente hasta junio.

 

Como sucedió con anteriores paquetes de ayudas, la falta de focalización en los hogares con menos recursos provoca que sean las familias más pudientes las que más se benefician en términos absolutos del coste público, aunque en términos relativos (de alivio respecto a la renta total del hogar) sí resultan progresivas. En su informe publicado este miércoles, la AIReF ha calculado la distribución del coste de algunas de las medidas según la renta de los hogares y de su análisis se desprende que las rentas más altas captan casi el doble del importe de las ayudas que las más bajas.

 

El ejercicio se elabora bajo el supuesto de que las bajadas de impuestos energéticos se trasladan completamente a los consumidores, algo que ya se ha demostrado que no suele suceder en la práctica, pero que es difícil de incorporar a un modelo teórico. Teniendo en cuenta este detalle, el resultado de las reducciones en los impuestos de la electricidad, el gas y los carburantes es que el 26,3% (unos 717 millones de euros) se distribuye entre los deciles 9 y 10, rentas altas.

 

En contraste, los dos deciles de menor renta absorben solo el 13,5% del coste total de las medidas energéticas generalizadas (unos 368 millones de euros) y la concentración es más desigual en el gas y en los carburantes. Esto se debe a que el consumo de luz es menos sensible al nivel de renta por ser un bien de primera necesidad, mientras que los carburantes los usan más las rentas altas, al igual que el gas, que tiene mayor penetración en los hogares de rentas elevadas.

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La rebaja fiscal más cara es la aplicada a los combustibles, 753 millones de euros, según calcula la AIReF, aunque la que tiene un impacto más desigual es la aplicada al gas. Los dos primeros deciles solo captarán el 12,9% del coste, mientras que los dos últimos acapararán el 29,1%. La mayor captación de las ayudas por parte de los hogares más pudientes se debe a que su consumo energético es mayor en términos absolutos, aunque dediquen una menor proporción de renta. Esto explica que las medidas sean progresivas en términos relativos: suponen un 1,2% de la renta equivalente total del primer decil y menos de la mitad, el 0,4%, de la renta del decil superior.

El descuento en la electricidad es la medida más progresiva de las analizadas y menos distorsionadora de las señales de precios. Debido a que es un consumo básico, tiene una elasticidad precio-demanda más baja que la de los combustibles y el gas, por lo que los descuentos que se aplican a la luz perjudican menos el ahorro energético.

Aun así, no es la medida que recomiendan las instituciones internacionales (FMI, OCDE, Comisión Europea) ni los expertos, que piden herramientas focalizadas, temporales y que no eliminen la señal de precios. En un contexto en el que varios países de la UE están aprobando medidas similares a las de España de recortes de impuestos, aunque por importes mucho más reducidos, como fue el caso de Alemania este lunes, el ejecutivo comunitario ha insistido en otras medidas. En concreto, implantar un día de teletrabajo obligatorio y descuentos al transporte público en lugar de ayudas fiscales que erosionen las ya deterioradas finanzas públicas.

Fórmulas para optimizar el gasto público en crisis

Debido a esta desigualdad en la absorción de las ayudas, la AIReF plantea crear mecanismos para poder articular de manera ágil transferencias directas a los hogares que lo necesiten o, al menos, segmentarlas por nivel de renta. En concreto, propone universalizar la declaración de la renta, crear un registro de hogares actualizado y desarrollar sistemas de identificación personal mensual de los ingresos de las familias por parte de la AEAT. Soluciones de este tipo se han planteado previamente para el ingreso mínimo vital, pero el Gobierno rechaza que sea una opción técnicamente viable.

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Esto permitiría optimizar el uso de los recursos públicos y contribuir a la sostenibilidad fiscal en un momento en el que la previsión de la AIReF apunta a que España incumplirá las reglas fiscales en 2026 por el paquete de medidas. Según un ejercicio de hace tres años del Banco de España, realizado con motivo de la anterior crisis energética, una transferencia directa a los hogares más vulnerables por el mismo importe del que se benefician con ayudas generalizadas habría sido mucho más barata. También habría permitido mayor margen de gasto en los hogares de menor renta al concentrar los recursos en ellos.

La tasa de ahorro caerá más por la inflación

El Ejecutivo ha defendido que el paquete, convalidado ya en el Congreso, alivia a la vez el bolsillo de los hogares y la inflación. Sin embargo, la AIReF calcula que el impacto en el IPC anual es nulo. El motivo, explican brevemente, es que debido a la transitoriedad de las bajadas de impuestos (aplicables, en principio, tres meses), la tasa general del año se verá inalterada, teniendo en cuenta también el efecto escalón cuando se dejen de aplicar.

La previsión de la AIReF es que la inflación ascienda al 3,2% en 2026 frente al 2% que estimaban en enero, 1,2 puntos más que proceden fundamentalmente (un punto) de la subida del precio del petróleo, pero que ya se está empezando a notar en la inflación subyacente. En este contexto, los hogares invertirán buena parte del ahorro acumulado para tratar de mantener su consumo a pesar de las ayudas.

La previsión de la AIReF es que la tasa de ahorro de los hogares descienda en 2026 hasta el 10,6% de la renta bruta disponible en contraste con el 12% de 2025. Se trata de una revisión a la baja de 1,1 puntos respecto a enero como consecuencia del impacto que la guerra está teniendo ya en la cesta de la compra y en índices de referencia como el euríbor. No obstante, todavía es un nivel histórico elevado y lejano al registrado en la anterior crisis energética de 2022 (el 7,6%).

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>Un estudio detecta que la reducción de la temporalidad está incentivando que las empresas ofrezcan formación a sus trabajadores para competir en productividad

La reforma laboral aprobada en el año 2021 buscaba mucho más que reducir las tasas de temporalidad, que eran desproporcionadamente altas en España. Desde el punto de vista económico, la estabilidad no era el objetivo, sino el paso intermedio para alcanzar un reto superior: cambiar un modelo productivo de rotación de trabajadores baratos por otro de empleados fijos más caros, pero más productivos.

Esto implicaba un cambio profundo en las empresas acostumbradas durante años a un modelo de bajo coste y escaso valor añadido. La reforma laboral buscaba romper esta relación al reforzar el vínculo entre empresa y trabajador, aunque dejando escapatorias para los sectores estacionales, como el fijo discontinuo. El reto era conseguir que las empresas apostaran por formar a su plantilla para conseguir mejoras de la productividad que rentabilicen los mayores costes del empleo indefinido. Así lo recogía la propia exposición de motivos de la norma: "Se trata de que las empresas compitan sobre la base de factores como la productividad, la eficiencia y el nivel de formación y de capacitación de la mano de obra".

Tres investigadores han conseguido arrojar la primera evidencia sobre este objetivo. Y los datos muestran que los cambios en la regulación laboral están elevando la formación ofrecida por las empresas. Los investigadores Pawel Adrjan, Jonas Jessen y Carlos Victoria han encontrado una forma ingeniosa de medirlo: las ofertas de trabajo que incluyen formación. Utilizando los microdatos de los empleos publicados en la plataforma Indeed, han podido comparar cómo eran antes de la reforma y si cambiaron con la entrada en vigor de la nueva norma. Y lo que encuentran es que lo hicieron, y de forma muy relevante.

Las ocupaciones con más empleo temporal y, por tanto, más expuestas a la reforma laboral, experimentaron un gran aumento de las ofertas de trabajo que incluían formación al trabajador. En concreto, se incrementaron en 4,3 puntos porcentuales cerrando íntegramente el diferencial negativo que tenían con las ocupaciones con menos contratos temporales.

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Antes de la reforma laboral, las ocupaciones con mucha temporalidad apenas ofrecían formación. Eran menos del 4% de los contratos publicados en la plataforma, menos de la mitad que en las ocupaciones con mucha estabilidad. Sin embargo, tras la reforma laboral se cerró completamente esta brecha. Las ofertas con formación aumentaron en todas las ocupaciones, pero especialmente en las que tenían más contratos temporales antes de la reforma.

En el año 2024, el número de ofertas de trabajo con formación en estos sectores se multiplicó casi por cuatro en comparación con los niveles previos a la reforma. "Encontramos un efecto nítido y causal sobre el efecto de la reforma con varias pruebas de robustez que hemos realizado", explica Victoria, uno de los investigadores y profesor de la Universidad Complutense.

Al comparar la evolución de las ofertas de trabajo en España con el resto de Europa, se constata que este fenómeno solo ha ocurrido en España. Además, el aumento de las ofertas con formación no se ha producido en ocupaciones en las que no se redujo el porcentaje de empleos temporales.

Estas evidencias indican claramente que el cambio ha sido consecuencia de la reforma laboral. "El mayor vínculo entre trabajador y empresa invita a invertir", explica Victoria. Tras perder el salvoconducto de la temporalidad que permitía competir en costes salariales, las empresas se ven forzadas a competir en productividad. Este era el objetivo de la reforma y este primer estudio muestra que se ha logrado ya un gran avance.

Además, los investigadores analizan la formación efectivamente realizada empleando los microdatos de la encuesta de población activa europea (LFS, por sus siglas en inglés). Lo que encuentran es que en 2024 se produjo un aumento de la cantidad de trabajadores que se forman.

Esto es, no solo se trata de ofertas de trabajo que prometen formar a los trabajadores, sino que realmente se lleva a la práctica. La cualificación de los empleados es una de las variables clave que explica las diferencias de productividad entre países, si no la más importante. De ahí que estos datos sean una gran esperanza para la mejora de la productividad en España.

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En los últimos años se ha debatido mucho sobre la deuda pública española. La pandemia llevó la ratio de endeudamiento hasta el 120% del PIB, lo que volvió a encender las alarmas sobre una nueva crisis de deuda en España. Sin embargo, el crecimiento económico, la inflación y las subidas de impuestos han permitido un rápido desapalancamiento del país. El Fondo Monetario Internacional anticipa que esta tendencia seguirá durante los próximos cinco años y prevé que España tenga menos deuda que el conjunto de países del mundo ya el próximo año.

Según las previsiones del FMI, la deuda pública de España caerá este año por debajo del 100% del PIB por primera vez desde la pandemia. Y mantendrá esta tendencia hasta alcanzar el 90% de deuda en el año 2031. Será el nivel más bajo en una década. La tendencia de estos últimos años también ha sido posible gracias a la ausencia de presupuestos. El Gobierno no ha tenido capacidad para utilizar toda la nueva recaudación al estar en minoría en el Congreso. De ahí que no se pueda ignorar la tentación que tendrán futuros gobiernos de aprovechar el margen fiscal para elevar el gasto (aunque ello implique romper las reglas fiscales europeas).

Este desapalancamiento de España contrasta con las dificultades que tienen la mayor parte de países del mundo para controlar el incremento de su pasivo. Esto es especialmente reseñable en China y Estados Unidos, que están inmersos en una carrera por la hegemonía global cueste lo que cueste al erario público. El FMI prevé que el déficit de EEUU no baje del 7% hasta 2031 y el de China, del 8% del PIB. Será cuatro veces mayor que el déficit español de forma sostenida.

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De esta forma, España va a ir a la contra que la mayor parte de países del mundo, con un déficit contenido en el 2% del PIB. Una tendencia que el país ya vivió durante los años de la burbuja inmobiliaria y que, como entonces, se apoya principalmente en un crecimiento de la recaudación que supera el 10% anual.

El FMI prevé que España tenga superávit primario (antes del pago de intereses) de forma persistente, lo que supone una gran ayuda a la reducción de la deuda. Esto, sumado al crecimiento económico y a la inflación, ayudará a reducir la ratio de endeudamiento a un ritmo de 1,5 puntos del PIB al año.

Esta tendencia permitirá a España tener un endeudamiento inferior a la media mundial en el año 2027. En concreto, al cierre de ese año, la deuda de España será del 96,2% del PIB, mientras que la deuda global alcanzará el 98,4%. Y la brecha se seguirá ampliando, porque en el año 2028 la deuda pública global ya alcanzará el 100% del PIB, y subiendo.

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Este comportamiento de España no es extensivo al resto de países europeos. El motivo es que hay otros socios de la Unión Europea con grandes dificultades para contener sus déficits públicos. El caso más evidente es el de Francia, que sigue por encima del 5% de déficit, pero hay otros muchos.

El FMI prevé que la deuda pública del conjunto de países de la UE siga creciendo durante todo el horizonte de proyecciones. En concreto, del 82% de endeudamiento a finales de 2024 pasará al 83,5% este año y a superar el 85% hacia el final de la década. Un aumento de medio punto al año que llevará a muchos países a incumplir las normas fiscales. Una de las explicaciones a este aumento de la deuda está en el gasto en defensa, que en otros países ha aumentado de forma más intensa. De hecho, la mayor parte de miembros de la UE ha solicitado la activación de la cláusula de escape para el gasto en defensa, algo que no ha hecho aún España.

Aún así, la deuda pública del conjunto de la UE seguirá siendo inferior a la de España en el año 2031. En concreto, se situará en el 86% del PIB, frente al 90,4% de España, según las previsiones del FMI.